www.sisleco.com , informa: El gobierno nacional ha hecho durante los últimos días anuncios relacionados con posibles modificaciones a las tarifas de energía y sobre la intención de intervenir la CREG, lo cual ha suscitado un debate mediático y que se realizara un debate en el Senado de la República, sobre la problemática de las altas tarifas especialmente en la región Caribe y sobre las alzas que los usuarios en todo el país, están viendo en los últimos recibos de la energía.

El debate permite ver que los congresistas plantean modificaciones legislativas y normativas, mientras el gobierno busca modificaciones de fondo al sistema, lo que genera expectativas en las empresas públicas y privadas dedicadas al servicio público de energía.

De las intervenciones de varios de los Senadores de la Comisión Quinta del Senado, se destacan algunas afirmaciones:

  • A pesar de tener los embalses casi llenos, los precios de la energía aumentan.
  • Las empresas generadoras que tienen hidroeléctricas se enriquecen a costa de los usuarios, en generación se obtienen utilidades de 11 billones, las generadoras no asumen pérdidas por ineficiencias en la red.
  • Según la ley 142 de 1994, las tarifas de energía no se pueden aumentar por la gestión ineficiente de las empresas distribuidoras y comercializadoras. Tampoco podrán darse alzas para recuperar pérdidas. Sin embargo, en la Costa Caribe, no se estaría cumpliendo con lo que determina la ley de servicios públicos.

Algunas razones por las cuales hoy se incrementan las tarifas de energía:

  • El IPP, índice de precios al productor, afecta al alza en mayor grado las tarifas. Los costos por inflación son del 10.48%, mientras los ingresos que se determinan por el IPP, crecen al 32.8%
  • El cargo por confiabilidad está dolarizado, no ha sido auditado, se les pagan billones a las generadoras por este concepto y no se conoce públicamente en detalle la inversión de estos recursos por parte de las generadoras. Este cargo representa entre el 25 y el 30% de los ingresos de las generadoras.
  • Existen restricciones de oferta, aún no entra en operación Hidroituango.
  • Cargas adicionales en la costa caribe.
  • Para algunos de los congresistas citantes al debate, existe un monopolio de mercado, en el que se pone de acuerdo y manipulan las tarifas, las empresas generadoras: TEBSA, ENEL, EPM, CELSIA, ISAGEN.
  • XM, que es la empresa que vende la energía en la bolsa, pertenece a ISA (Ecopetrol) y su ejercicio es monopolístico, no permiten acceso a ventas por contrato y prefieren que las compras de energía se hagan en la bolsa.
  • Se considera, por algunos de quienes intervinieron, qué en la CREG, las superintendencias de servicios públicos y de industria y comercio, no garantizan los derechos de los usuarios.
  • En transmisión de energía, ISA controla el 90%, EPM, el 2% y la Empresa de Energía de Bogotá el 7%
  • En materia de distribución, ENEL Codensa, EPM, Grupo de Energía de Bogotá, Celsia y Emgesa, tienen posición dominante y el manejo total del precio de las tarifas de energía en el país.

Entre las propuestas se destacan:

  • Algunos congresistas están proponiendo que en la reforma tributaria que se tramita actualmente, se incluya un impuesto a las hidroeléctricas, para que el estado pueda subsidiar tarifas.
  • Se propone reformar la ley 142, artículos 45 y 87 para que no se puedan trasladar las ineficiencias a los costos de las tarifas.
  • Impedir que las pérdidas sean asumidas por los usuarios, cambiar el indexador de los contratos, que no sea el IPP sino el IPC.
  • Sobre la problemática en el Caribe colombiano, los componentes de las tarifas son: El 31.37% la generación, 25.05% la trasmisión, 17.29% las pérdidas de energía (ineficiencia), 14.31% la comercialización, 7% las restricciones y el 4.77% la transmisión. Si se cambia el índice de precios, las tarifas bajarían un 9.44%. Se debe buscar reducir el valor del transporte de energía en un 50%, reducir el porcentaje de pérdidas y derogar el régimen transitorio aprobado para el Caribe, el cual se adoptó para poder que Afinia y Aire asumieran la prestación del servicio que anteriormente, muy mal prestaba Electricaribe.
  • Se debería actualizar el consumo de subsistencia, hoy debería tener un nivel más alto, para que, el estado subsidie el pago, bajando la tarifa para los estratos más bajos.
  • Se requiere segmentar el servicio de energía, ya que los territorios son diferentes, cada uno tiene sus particularidades. Por lo que debería existir un subsidio diferencial, no es lo mismo una zona industrial a una rural, los estaros 1 son distintos por regiones, no es lo mismo el estrato 1 en Barranquilla al estrato 1 en el campo. (Senadores, Name, Barreto y Pineda)

ENFOQUE DEL GOBIERNO Y DE CONGRESISTAS QUE LO APOYAN:

  • Para el gobernó del Dr. Gustavo Petro y para los senadores que acompañan a este gobierno, el problema no es técnico y el debate debe ser conceptual.
  • Así lo expresó la Senadora Isabel Zuleta, se debe evitar la acumulación desmedida, el abuso y la extralimitación en el cobro de la energía.
  • La CREG, no reguló, ni controló, los abusos y extralimitaciones, por esta razón el gobierno debe buscar intervenirla o modificar sus acciones y procedimientos.
  • Par este gobierno, se está ante un ejercicio monopolístico en la energía, no es posible para el usuario elegir el servicio, no hay opciones. Le corresponde entonces al estado intervenir, para que este nuevo gobierno, garantice poder acceder a un servicio esencial a tarifa pagable.

§  De los 7 principios sobre los cuales se fundamentó la ley de servicios públicos, ley 142 de 1994, solo se estaría cumpliendo uno, los otros seis están en deuda. La CREG no hace cumplir los 7 principios integralmente. El único principio que se cumple es el que favorece a las empresas y los seis que se incumplen son los que protegen a los usuarios. En el sistema hoy vigente, solo son rentables las empresas privatizadas, las públicas están quebradas. El gobierno debe retomar las empresas públicas y que no continúen al servicio de las privadas.

  • No se cumple con sentencias de la Corte Constitucional, que exigen tener en cuenta a los usuarios en la cadena energética. Los usuarios deben participar en las decisiones, ya que para tomar estas no son convocadas las ligas o asociaciones de usuarios. Estos no cuentan con información completa. Ningún usuario puede leer las 150 páginas de cómo se confecciona la tarifa, violando el principio de explicitud, que ha exigido la corte, para que los usuarios entiendan el funcionamiento del sistema.
  • Lo otro que se propone es revisar el excesivo poder de XM, la cual, a pesar de hacer un buen trabajo, es un monopolio y puede tomar todas las decisiones sin ningún control.
  • Par el ministerio de hacienda, la mayor parte del peso en la tarifa, la tiene la indexación, adquiere cada vez mayor peso las pérdidas reconocidas, o como en el Caribe se da la combinación muy alta de las dos. Toca vía legislativa, actualizar los subsidios para el estrato 1.
  • Se debe tener en cuenta que, durante la pandemia, se decretó una emergencia económica, gracias a la cual, se mantuvo baja la tarifa de energía mientras se salía del período crítico, no hubo incrementos durante 8 meses.
  • Claramente existen regiones en las cuales el IPP se transmite mucho más a los usuarios en tarifas, como en la costa, mientras por ejemplo en Caldas no se incrementa tanto.

PLANTEAMIENTOS IDEOLOGICOS DE LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGIA

  • Para la ministra Irene Vélez, la decisión firme del gobierno del Dr. Gustavo Petro es bajar las tarifas.
  • El ministerio de minas y energía cumplirá la orden de cambiar el modelo político en Colombia que no beneficia actualmente a las mayorías sino a las corporaciones.
  • Se pensará en el marco de la justicia social, reglamentando las reglas del mercado.
  • Se intervendrá la CREG para que esta entidad, con el gobierno nacional cambien la regulación y las relaciones con los comercializadoras.
  • La justicia tarifaria que propone el nuevo gobierno, parte de que lo urgente es democratizar el sistema eléctrico desde la generación hasta el consumo final.
  • Se tendrán enfoques regionales para este cambio de modelo, modificar la tarifa repensando el modelo con base en las diferencias regionales.
  • En la implementación de la transición energética, los usuarios tendrán voz, así como las personerías, las veedurías y las ligas de usuarios, en el pacto por la justicia tarifaria.
  • En las próximas cuatro semanas, se divulgará al país, cómo se iniciará el proceso para acabar con el modelo extractivista.
  • Se modificará el IPP por otro indicador específico para el sector eléctrico con diferencias regionales.
  • El pacto por la justicia tarifaria, se hará entre todos los actores mediante un diálogo permanente. CREG, Congreso de la República, agentes generadores, comercializadores, gobiernos locales, usuarios pequeños y grandes.
  • Todas las resoluciones vigentes que generen problemas se modificarán.
  • En esta nueva opción tarifaria, se deben reflejar los acuerdos de generadores con distribuidores en las tarifas que aplican los comercializadores.

www.siselco.com, estará atento a las propuestas que se irán presentando. Lo primero será según el gobierno, el dialogo regional para presentar un nuevo modelo, en el debate de la ley del Plan de Desarrollo el próximo año; se tomarán medidas desde el gobierno para las tarifas en el caribe y seguramente se radicarán proyectos de ley que modifiquen la ley 142 de 1994, de autoría por parte de congresistas.