EDITORIAL www.sisleco.com , 5 de septiembre de 2.022

Inicia el mes de septiembre con nuevos anuncios sobre la agenda legislativa que el gobierno del Dr. Gustavo Petro, quiere impulsar en el Congreso de República y lograr que se aprueben nuevas leyes antes de finalizar este año.

Se anuncia que enviarán mensaje de urgencia para que se tramite la ley que modifica el código electoral, lo cual coincide con una audiencia pública en la Comisión Primera del Senado de la República, convocada para escuchar conceptos y aportes a los proyectos de acto legislativo que se tramitan en materia de reforma política, así como a los proyectos que modifican las instituciones relacionadas con el sistema electoral, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría del Estado Civil.

Coincidieron la mayoría de Senadores, en que deben aprobarse primero la reforma política y la de las instituciones, que son reformas constitucionales, antes de poder abordar un nuevo código electoral, el cual sería una ley estatutaria u orgánica, quedando demostrado que el nuevo gobierno sigue improvisando en cuanto a las reformas que quiere tramitar. Anuncia una reforma política sin radicarla aún, pero promueve una ley de código electoral que es de autoría de la Registraduría y que tumbó la corte en la legislatura anterior, por vicios de forma.

Si los tiempos se miden y los congresistas logran demostrar que lo primero que se debe hacer es reformar la constitución, estos dos actos legislativos, solo serían aprobados poco antes de terminar la primera legislatura en junio del próximo año.

Como son actos legislativos, requieren leyes reglamentarias, que se tramitarían en el segundo semestre del año 2023, y así sea con mensajes de urgencia, coincidirían con la celebración de las elecciones en octubre del próximo año. Tiene razón entonces, tal como lo manifestó en la audiencia, la directora de la Misión de Observación Electoral, en que para las próximas elecciones no se podrían aplicar las reformas a la forma en que se realicen las elecciones, la financiación de los partidos y movimientos, la confección de listas, el transfuguismo, la militancia en los partidos, y otras medidas que se han incluido en los proyectos ya radicados y las que traería el que anuncia el gobierno.

Carecería de toda seriedad, que se apruebe un nuevo código electoral a las carreras, para cumplirle al autor que es el actual Registrador, pero que podría ir en contravía o no ser coherente, con lo que

se establecería en una reforma constitucional en materia política y electoral, o con una modificación posiblemente estructural, del Consejo Nacional Electoral para convertirlo en una Corte, cambiando la forma de elección de los miembros de esta y de la forma como se elige el registrador y como se configuraría una nueva registraduría, la cual quieren convertir en un organismo eminentemente técnico e independiente, según los autores de los proyectos ya en estudio, especialmente uno del cual es autor el Senador Humberto de la Calle.

¿Cuál es el afán de aprobar el código electoral sin tener aprobada una reforma política e institucional? ¿Existiría algún compromiso para dar prioridad a conformar la nueva burocracia de las dos entidades, CNE y Registraduría, o para definir temas que conducirían a nuevas y costosas contrataciones, en software, digitalización y otros aspectos de carácter administrativo?

De no darse una reforma política que se logre aplicar en las elecciones del 2.023, estaríamos ante más de lo mismo, no solo en materia de elecciones, sino en mermelada y burocracia en los órganos que conforman el sistema electoral colombiano.